A2 Problema principal-agente

Tópico

El punto de partida de este carril es la autoridad legal-racional: a diferencia de la autoridad carismática o tradicional, que emerge de la centralidad de red, el carisma percibido o la credibilidad acumulada de una persona, la autoridad legal-racional reside en un cargo y no en la persona que lo ocupa. Una regla formal —un nombramiento, un contrato, un organigrama— es la que otorga esa autoridad al cargo, y que resida en el cargo y no en su titular hace que la autoridad legal-racional sobreviva al cambio de titular, aunque la persona que ocupaba el cargo sea reemplazada por otra.

Que la pertenencia a una comunidad organizada alrededor de estos cargos sea condición de un contrato, y no una elección de asociarse libremente, hace que la autoridad legal-racional que reside en un cargo particular se extienda a comunidades enteras construidas sobre el mismo principio: empresas, ejércitos, burocracias estatales, iglesias como institución.

Que los costos de transacción de coordinar caso a caso, en red o en mercado, superen a los costos de coordinar por autoridad dentro de una jerarquía de cargos, hace que aparezca la organización formal: es la razón, según el argumento de Ronald Coase, por la que existen estas comunidades en vez de que toda la coordinación ocurra por negociación libre.

Dentro de esa jerarquía de cargos, quien asigna un cargo —el principal— lo hace con objetivos propios que espera ver perseguidos en las acciones de quien ocupa ese cargo —el agente—. Los mecanismos de supervisión o incentivos disponibles son los que, en principio, deberían mantener las acciones del agente alineadas con los objetivos del principal. Que la divergencia entre los objetivos del principal y las acciones del agente no quede corregida por esos mecanismos de supervisión o incentivos disponibles hace que ocurra el problema principal-agente.

Por eso el problema principal-agente sirve, dentro de la autoridad legal-racional con la que se abrió este carril, para señalar que la misma regla formal que otorga un cargo a un titular —y que hace sobrevivir esa autoridad al cambio de titular— no garantiza por sí sola que las acciones de quien ocupa el cargo coincidan con los objetivos de quien se lo asignó, cuando los mecanismos de supervisión o incentivos disponibles no bastan para cerrar esa divergencia.

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